Arbitraje Colombia

Termocandelaria Power inicia un arbitraje ante la CIADI contra Colombia por pérdidas energéticas relacionadas con Air-e

Publicado 2026-06-12 3 fuentes Arbitraje Colombia Sector energético ICSID Disputas de inversión Colombia

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Resumen

  • Termocandelaria Power S.A. inició un arbitraje CIADI contra Colombia.
  • La demanda alega pérdidas de 198 millones de dólares por medidas regulatorias posteriores a 2024.
  • El caso trata de pagos por energía suministrada a Air-e, intervenida por el Estado.
  • El arbitraje se presenta al amparo del tratado bilateral de inversión España-Colombia.
  • El arbitraje fue registrado por la institución el 27 de abril de 2026.

Resumen

Termocandelaria Power S.A., una empresa española de energía, ha iniciado procedimientos de arbitraje internacional contra la República de Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El conflicto se centra en presuntas actuaciones regulatorias de Colombia que habrían impedido que Termocandelaria y sus subsidiarias recibieran el pago completo por la energía suministrada a Air-e, un distribuidor de electricidad intervenido por el Estado desde 2024. Termocandelaria solicita una indemnización de alrededor de 198 millones de dólares y sostiene que estas pérdidas son consecuencia de medidas incompatibles con las protecciones garantizadas por el tratado bilateral de inversión entre España y Colombia.

Qué pasó

El 6 de abril de 2026, Termocandelaria Power presentó formalmente una solicitud de arbitraje ante la CIADI y la institución registró el procedimiento el 27 de abril de 2026.

La compañía alega que las medidas regulatorias adoptadas por autoridades colombianas, en particular las de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la entidad estatal que supervisa a Air-e, han impedido una remuneración adecuada por la electricidad suministrada por Termocandelaria y su afiliada Termobarranquilla.

Según se informa, estas medidas habrían surgido tras la intervención del gobierno colombiano en Air-e, que se prolongó por más de 19 meses, lo que habría derivado en retrasos o faltantes significativos de pagos a los generadores de electricidad.

Termocandelaria sostiene que el impacto financiero acumulado supera los 198 millones de dólares y que se esperan daños adicionales si la situación persiste. La compañía afirma que estas acciones vulneran el tratado de inversión España-Colombia de 2007, específicamente el trato justo y equitativo y la protección frente a medidas arbitrarias o discriminatorias.

Termocandelaria contrató como asesoría legal al despacho internacional Freshfields y al despacho colombiano Rincón Castro Abogados, y mantiene sus operaciones comerciales en curso en Colombia.

Contexto

Air-e, un importante distribuidor de electricidad de la Costa Caribe colombiana, está bajo intervención directa del Estado desde 2024 debido a inestabilidad financiera y preocupaciones sobre la confiabilidad del servicio.

Termocandelaria, a través de sus subsidiarias Termocandelaria S.A.S. y Termobarranquilla S.A.S., controla una capacidad significativa de generación térmica en Colombia, que asciende a casi 1.466 MW.

La disputa se produce en un contexto más amplio de cambios regulatorios y tensión del mercado en el sector eléctrico de Colombia, donde otros generadores también, según se informa, afrontan retrasos prolongados en los pagos y expresan inquietudes sobre la estabilidad de las condiciones de inversión.

Los procedimientos ante la CIADI se iniciaron al amparo del tratado bilateral de inversión España-Colombia, que está en vigor desde septiembre de 2007 y prevé arbitraje inversionista-Estado en caso de incumplimientos del tratado.

Por qué importa

  • Este arbitraje pone de relieve una percepción más elevada de riesgo para las inversiones en el sector energético de Colombia, en medio de turbulencias regulatorias y financieras.
  • El resultado podría influir en la participación extranjera futura y en las políticas regulatorias en el mercado eléctrico de Colombia.
  • Un laudo o acuerdo sustancial podría repercutir en las finanzas públicas de Colombia y en sus relaciones con otros inversionistas del sector energético.

Fuentes

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