El Gobierno de Portugal propone limitar el arbitraje obligatorio en contratos públicos
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Resumen
- Portugal propone impedir que las entidades públicas impongan arbitraje en contratos públicos.
- Las nuevas reglas garantizarían que rechazar el arbitraje no excluya a las empresas de la contratación pública.
- La iniciativa busca reforzar la libertad contractual y, al mismo tiempo, seguir fomentando el arbitraje para aliviar la congestión de los tribunales.
Resumen
El Gobierno portugués ha propuesto enmiendas a las normas que rigen los contratos públicos, con el objetivo específico de impedir que las entidades públicas hagan del arbitraje un requisito previo para participar en licitaciones públicas. Los cambios propuestos pretenden dar a las partes contratantes una mayor libertad, garantizando que las empresas no puedan ser excluidas de los procesos de contratación pública por negarse a aceptar el arbitraje.
Qué pasó
Según el informe, el Gobierno sigue fomentando el arbitraje como un medio para aliviar la carga de los tribunales administrativos.
A pesar de este fomento, las enmiendas legales propuestas bloquearían a cualquier entidad pública de exigir el arbitraje como condición obligatoria para participar en contratos públicos.
El Código revisado de Contratos Públicos buscaría reforzar la libertad contractual entre las partes involucradas en la contratación pública.
Si se aprueba, ninguna entidad privada o empresa quedaría inhabilitada para contratar con el sector público basándose únicamente en su negativa a aceptar el arbitraje.
Contexto
En Portugal, el arbitraje se ha utilizado con frecuencia como mecanismo para resolver controversias derivadas de contratos públicos, en parte para reducir la carga de los tribunales administrativos.
La iniciativa legislativa responde a las preocupaciones de que las cláusulas de arbitraje obligatorio podrían restringir el acceso a la contratación pública para los posibles contratistas que prefieran o necesiten la resolución de disputas a través de los tribunales.
Por qué importa
- El cambio de regla propuesto podría influir en cómo se resuelven en Portugal las controversias derivadas de la contratación pública, aumentando la flexibilidad para los licitadores.
- Podría fomentar una participación más amplia en las licitaciones públicas al garantizar que las empresas no estén obligadas a aceptar el arbitraje como condición previa para la elegibilidad.