Arbitrajes pendientes del Perú en CCL y el CIADI: implicancias administrativas
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Resumen
- La administración entrante del Perú heredará más de 325 casos arbitrales activos en la Lima Chamber of Commerce.
- También hay 22 arbitrajes de inversión del CIADI en curso contra el Perú - actualmente la mayor cantidad entre países de América Latina.
- Las controversias se concentran, sobre todo, en contratos públicos, infraestructura, minería y concesiones.
- Especialistas del sector piden reformas legales para promover la eficiencia y evitar la escalada a tribunales internacionales.
Resumen
Se informa que la próxima administración presidencial del Perú enfrentará un importante rezago de arbitrajes, con más de 325 controversias activas en la Lima Chamber of Commerce (CCL) y 22 casos de inversión en curso ante el International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). La mayoría de estas disputas se vinculan a contratación pública, proyectos de infraestructura y relaciones de inversión. Los expertos destacan el creciente papel del arbitraje en el Perú y piden más reformas regulatorias para la eficiencia y la prevención de conflictos.
Qué pasó
Entre 2022 y junio de 2026, se presentaron 2.955 casos arbitrales ante la CCL, con 321 casos nuevos registrados en la primera mitad de 2026. Con los datos más recientes, permanecen pendientes ante la CCL 325 procedimientos que involucran al Estado peruano, en particular en sectores como construcción, minería, salud, telecomunicaciones, transporte y servicios legales.
De manera paralela al arbitraje interno, el informe señala 22 arbitrajes de inversión en curso contra el Perú en el ICSID -que abarcan sectores como infraestructura y concesiones públicas- e involucran a empresas como APM Terminals, Telefónica, Enagás, Cerro Verde, Brookfield y otras.
Los especialistas del sector entrevistados indican que el arbitraje se ha convertido en el principal mecanismo de resolución de controversias del Perú en contratos públicos. Los problemas recurrentes incluyen retrasos en proyectos, discrepancias sobre pagos y reportes de supervisión técnica.
El análisis del informe subraya la necesidad de equilibrar la supervisión regulatoria con la eficiencia del arbitraje, y recomienda que el Estado mejore el cumplimiento de los laudos arbitrales y considere acuerdos tempranos cuando sea viable para evitar la escalada al nivel internacional.
Contexto
El arbitraje ha cobrado relevancia en el Perú como el proceso preferido para la resolución de controversias vinculadas a compras públicas e inversión. La CCL administra arbitrajes comerciales derivados de disputas contractuales entre entidades públicas y firmas privadas, mientras que el ICSID administra controversias Estado-inversionista bajo tratados internacionales de inversión.
El informe destaca que, si bien los procedimientos de arbitraje interno e internacional pueden, a veces, correr en paralelo para la misma inversión, se trata de mecanismos distintos regidos por marcos legales separados.
Por qué importa
- El volumen de procedimientos arbitrales en curso sugiere que el nuevo gobierno del Perú deberá dedicar una atención y recursos significativos a la defensa de los intereses del Estado tanto en foros internos como internacionales.
- La amplitud y cantidad de casos abiertos podrían influir en el enfoque del Estado respecto de la contratación pública, las relaciones con inversionistas y la posibilidad de futuras disputas.
- Las reformas regulatorias y los esfuerzos de acuerdo temprano podrían ayudar al gobierno a reducir costos legales, fortalecer la confianza de los inversionistas y prevenir nuevas escaladas hacia los organismos de arbitraje internacional.