Presidente de Panamá niega alianza con Maersk en medio de arbitraje con Panama Ports Company
Resumen
- El presidente José Raúl Mulino niega que existan alianzas entre el Gobierno panameño y Maersk.
- Maersk participa en un arbitraje internacional con Panama Ports Company (PPC).
- El Gobierno sostiene que solo existe una operación transitoria en los puertos, tras un fallo judicial.
- La concesión de PPC fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Resumen
En respuesta a declaraciones de Panama Ports Company (PPC) sobre supuestas alianzas entre el Estado panameño y la naviera Maersk durante un arbitraje internacional, el presidente José Raúl Mulino aseguró que la gestión sobre los principales puertos del país es únicamente transitoria y en cumplimiento de una decisión judicial.
Qué pasó
Panama Ports Company inició un arbitraje internacional contra la danesa Maersk, luego de que esta última asumiera la operación de las terminales portuarias más importantes tras la anulación del contrato de concesión de PPC.
PPC acusó a Maersk de alinearse con el Estado en una campaña para reemplazar a PPC mediante la toma de control de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El presidente Mulino declaró públicamente que el Gobierno de Panamá solo cumple un fallo de la Corte Suprema de Justicia, negando cualquier alianza con Maersk.
La gestión portuaria actual es transitoria, de hasta 18 meses, a cargo de APM Terminals (filial de Maersk) en Balboa y Terminal Investment Limited (de MSC) en Cristóbal.
Contexto
El 30 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló la concesión de PPC y permitió que el Estado asumiera el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El 23 de febrero, la Autoridad Marítima de Panamá otorgó la gestión transitoria a APM Terminals y TiL, mientras se define la situación legal y contractual definitiva de los puertos.
Por qué importa
- La situación afecta la gestión de los dos principales puertos de Panamá y la continuidad de operaciones marítimas clave.
- El desenlace del arbitraje podría tener implicaciones económicas y legales para las partes involucradas, así como para la administración portuaria del país.